El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció la clausura del año escolar para los ciclos inicial, primario y secundario para la educación fiscal, privada y de convenio. Todos los estudiantes son promovidos al nivel superior, por lo que no habrá aplazados.


En conferencia de prensa, la autoridad señaló que, a partir del 31 de julio de 2020, se procedió a la clausura de la gestión educativa 2020 para el Subsistema de Educación Regular en sus niveles inicial, primario y secundario de la educación fiscal, privada y de convenio con la promoción de los estudiantes al curso inmediato superior. Asimismo, se instruye a las unidades educativas cumplir con los trámites administrativos de rigor. En su alocución, dejó claro que no habrá alumnos reprobados.

Además, Núñez complementó que durante el resto del año 2020, el Ministerio de Educación fortalecerá la formación, capacitación y el desempeño de los maestros para el manejo de los recursos educativos de las modalidades a distancia y virtual. 

También se continuará con procesos formativos complementarios destinados al desarrollo integral de los estudiantes, sobre todo de los bachilleres.



El ministro señaló que esta decisión se debe al «lamentable retraso tecnológico producto de las últimas décadas, este período será dedicado a la ampliación de la red de fibra óptica, señal satelital y de internet, dotación de equipos tecnológicos y suscripción de acuerdos entre los gobiernos nacional, departamental y municipal para asegurar el acceso a internet».

Para la modalidad a distancia, se fortalecerá el servicio actual de educación radial y televisiva de instituciones públicas y privadas, así como canales nacional y local de televisión y redes de radios comunitarias, reforzado con la distribución de material impreso.

Núñez justificó la decisión «en defensa de la vida, la salud y la integridad de estudiantes, docentes y padres de familia», porque se vio con suma preocupación la «actitud radical y partidista de la dirigencia sindical del magisterio, que mediante marchas, huelgas de hambre, movilizaciones, toma de instituciones y otras acciones de hecho», pone en serio riesgo la vida de la comunidad educativa y la modernización de la educación boliviana.

Indicó que el lunes 6 de julio, la dirigencia sindical del magisterio (Conmerb y CTEUB) se negó a analizar el contenido y alcances del Decreto Supremo 4260, pese a la mediación de la Iglesia católica. 

El lunes 13 y el martes 14 de julio, los principales dirigentes de los maestros no acudieron al diálogo que estableció una agenda de discusión. El miércoles 15 de julio, desconocieron las anteriores reuniones, la agenda acordada y rehuyeron presentar por escrito sus observaciones a la supuesta ilegalidad e inconstitucionalidad del DS 4260.

Además, emitieron comunicados con amenazas de tomas de instituciones a nivel nacional y otras «acciones de chantaje y amedrentamiento» a los maestros de base que en caso de no cumplir con las presiones.

En Bolivia, las labores escolares presenciales fueron suspendidas el 12 de marzo debido a la pandemia por Covid-19.