La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) determinó paralizar el proceso de compra de reactivos para pruebas COVID-19, tras la denuncia de un supuesto sobreprecio en la adquisición de los insumos a la firma china Lasa Holding.

«AISEM comunica que ha tomado la decisión de suspender el proceso de contratación hasta realizar una nueva verificación y evaluación detallada de toda la documentación y las propuestas. Por responsabilidad y transparencia vamos a determinar si hubo una irregularidad o si la denuncia carece de fundamento, en cuyo caso nos reservamos el derecho de iniciar un proceso contra la empresa denunciante», explicó la ministra de Salud, Eidy Roca.

La autoridad aclaró que el proceso de adquisición aún no fue concluido, por lo que antes de la suscripción del contrato se insistirá en una revisión de toda la documentación y pormenores de la licitación para compra de reactivos, abierta el 30 de julio.

«He instruido a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Salud realizar la evaluación del proceso en el marco de las normas vigentes, a objeto de contrastar y verificar la información aportada por AISEM y de esta manera garantizar la transparencia de las acciones realizadas por el Ministerio de Salud y sus diferentes instancias», dijo en rueda de prensa.

La empresa uruguaya ATGen SRL fue una de las 15 que se presentaron al proceso de licitación, que en su primer ítem especifica 7.000 reactivos “kit SARS-COV-2”, con un precio referencial unitario de Bs 10.000, es decir, en total Bs 70 millones.

ATGen SRL planteó un precio total de Bs 22,8 millones, mientras que la firma china Lasa Holdings, Bs 47,3 millones, Bs 25 millones más. En la lista figura otro planteamiento bajo, de Entelequi, con Bs 32,7 millones. Al final, 13 de las 15 compañías dieron sus precios para adjudicarse el ítem, de acuerdo con los documentos a los que accedió La Razón Digital.

Roca reiteró que, según el informe de la AISEM, la empresa ATGen SRL no fue elegida debido a que carecía de la certificación de calidad internacional FDA, de Estados Unidos o CE de la Unión Europea. Sin embargo, en entrevista exclusiva con La Razón, el director de la firma uruguaya, Fabricio Sarlos, aclaró que sus productos cuentan con garantías de calidad y que los citados avales no serían necesarios.

«Por la crisis sanitaria, lo que hace la FDA es otorgar permisos transitorios, que no son registros sino una especie de declaración del fabricante, remarco, solo declarativo. Nosotros, en un momento, nos planteamos la idea de sacar este permiso transitorio de la FDA, porque sabemos que muchos países de la región, lamentablemente, lo piden, pero ojo, por desconocimiento total, porque pretender o pensar que hay una garantía de la calidad por presentar una certificación declarativa de la FDA, que casi cualquiera con un poco de conocimiento lo pudiera llenar y lo presenta, qué valor real tiene; la FDA ve el check list y da permiso», declaró Sarlos.

El ejecutivo informó que la empresa cuenta con 19 años de experiencia y que desarrolló los reactivos con la Universidad de la República de Uruguay y el Instituto Pasteur de Montevideo.

«Cuando en las especificaciones se habla de que se debe presentar una certificación internacional, ‘como’ de la FDA. Nosotros presentamos como certificación internacional, que sí la tenemos, la ISO13485, que es una norma específica de calidad para dispositivos médicos, equipos, reactivos y diagnóstico. Y la CE, para emitir su certificación se basa en esta ISO. Es la que presentó la otra empresa (Lasa Holdings) y no está en el pliego. Es la prueba definitiva de que el tema de la calidad es muy relativo.Presentamos un certificado ISO que es base de la CE y no la aceptaron, pero sí aceptaron a una empresa que puso el certificado CE que básicamente es idéntico», observó el director.

AISEM también argumentó que ATGen SRL no cumplió con todos los documentos requeridos, pero esta observación también fue negada por la firma, que informó que estudió el proceso para cumplir con los pormenores.

Ante esta controversia, la Defensoría del Pueblo se pronunció y solicitó que la Contraloría General del Estado realice una revisión del proceso. Ésta es la segunda vez en medio de la emergencia sanitaria en que AISEM se ve envuelta en denuncias de presunto sobreprecio, el primer caso fue el de supuesta corrupción en la compra 170 respiradores.