El pago del Bono contra el Hambre de Bs 1.000 sigue en el limbo. El Gobierno presentó este lunes un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra la ley que puso en vigencia ese beneficio. A la par, ratificó que no hay recursos para su cancelación, y que para aplicar el financiamiento establecido en la normativa debe haber una “renegociación”.  

“Vinimos a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del bono porque está vulnerando la Constitución Política al usurpar funciones en relación a la independencia y separación de poderes (…), el Movimiento Al Socialismo (MAS) está utilizando (ese bono) meramente para actos partidarios, sin financiamiento y eso es lo terrible de este caso», informó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca.

La intención del Ejecutivo es activar una medida cautelar para que la ley, que ya fue publicada por la Gaceta Oficial, no entre en vigencia hasta que haya un pronunciamiento del TCP, que debería apuntar a una abrogación. Aparte, Alanoca acusó al MAS de crear este bono con afanes desestabilizadores y remarcó que solo el Gobierno puede negociar el destino de los préstamos de organismos internacionales.

El MAS, que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, dio luz verde a la propuesta de su candidato presidencial, Luis Arce, para el Bono contra el Hambre de Bs 1.000, luego que la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, condicionará la entrega del Bono Salud de Bs 500 a que los asambleístas aprueben el crédito de $us 327 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El préstamo fue objetado por falta de “transparencia” sobre su destino e intereses, según la oposición, que dejó su tratamiento para el Legislativo que sea elegido en los comicios del 18 de octubre. Además, tras la promulgación de la norma, hecha por la presidenta de la Asamblea, Eva Copa (MAS), ante el silencio de Áñez, se determinó que el beneficio de Bs 1.000 sea solventado con créditos del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Alanoca aclaró que la norma es inaplicable porque, tal como expresaron el BID y el BM mediante cartas, no pueden financiar algo que no fue negociado anteriormente, ya que ese dinero tiene un destino definido.  

En conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que si se acepta el uso de esos préstamos en el pago del bono, se debería iniciar una “renegociación” con las entidades internacionales involucradas. Pero este “tema toma su tiempo y tampoco podría cumplirse dicha ley”, advirtió la autoridad.