Jeanine Áñez dio su último discurso presidencial desde el Palacio de Gobierno el jueves 5 de noviembre. Rodeado de sus colaboradores, se notó la ausencia de dos ministros de su núcleo duro: Arturo Murillo y Luis Fernando López. Ese día, fugaban del país.

Esa es la versión que maneja la Policía Internacional (Interpol) Bolivia, bajo la dirección del coronel Pablo García, quien informó a La Razón que también se maneja que militares le hicieron un “último favor” a López, entonces ministro de Defensa, para ayudarle a llegar a la frontera con Brasil, junto a su colega de Gobierno.

“Habría utilizado (López) sus dos últimos días como autoridad, ya que su gestión acababa el sábado 8 de noviembre. El 5 salió una alerta migratoria contra estos dos funcionarios públicos, y ese día habrían usado alguna amistad del ministro de Defensa, suponemos militares, que le habrían hecho el último favor de hacerlos escapar”.

Los exministros estaban en la mira de la Justicia y habían rumores de que planeaban huir del país, lo cual siempre fue negado por Murillo. Incluso cuando estaba en Estados Unidos, antes de las elecciones del 18 de octubre, aseguró que no fugaría y que, cuando termine su gestión, afrontaría todo “si quieren meterme a la cárcel”.

El Ministerio Público los investiga por la supuesta compra con sobreprecio de material antidisturbios. Eso no es todo. La anterior Asamblea Legislativa sugirió un juicio contra Áñez y su gabinete, por la firma de un decreto que dio “impunidad” a las Fuerzas Armadas en las operaciones con la Policía que provocaron las “masacres” de Sacaba y Senkata, en noviembre.

Ya habían señales de sus intenciones. Por ejemplo, renunciaron antes que los demás ministros, que lo hicieron el viernes 6. Los datos recabados por la Interpol-Bolivia, que fueron corroborados por el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, apuntan a que Murillo y López alistaron maletas un día antes, cuando la Fiscalía activó la alerta migratoria.

Ese jueves 6, no acompañaron a Áñez en su último discurso en el Palacio Quemado. Fueron a Santa Cruz y el “último favor” de militares a López fue proveerle de un vuelo, el FAB-046, que los llevó a la localidad fronteriza de Puerto Suárez. Fue en una aeronave que tenía cuatro tripulantes, que partió desde el aeropuerto de El Trompillo.

Desde allí, pasaron a pie, por lugares sin control migratorio, a Corumbá, en suelo brasileño. Y tal como lo informó La Razón la semana pasada, Murillo tomó otro avión con destino a Panamá, mientras que López se quedó en Brasil. Según García, las pistas de este periplo responden a informes departamentales y nacional, y de la unidad policial de control migratorio. 

El fiscal Fernando Atanacio anunció el lunes 16 las órdenes de aprehensión contra los exministros. El martes, dijo que se pedirá hasta este miércoles la activación del “sello azul” de la Interpol. Al respecto, García aclaró que por ahora el Ministerio Público ni siquiera notificó de los mandamientos de apremio a Migración y la Interpol-Bolivia.

Cuando lo haga, continuó García, él enviará la documentación a Francia (sede de la Interpol) para que analice si no hay “tinte político” en las solicitudes. Si se descarta ello (lo que puede tardar hasta cinco días), se activará el “sello azul” para que, en este caso, las Interpol de Panamá y Brasil informen si Murillo y López están en esas naciones.

Esos datos serán remitidos de nuevo a Bolivia y se los pasará a la Fiscalía, y recién se podrá poner manos a la obra en el “sello rojo” de la Interpol, para solicitar la extradición de los exministros. O sea, es un proceso que tomará tiempo.