El Ministro de Justicia, Iván Lima, comunicó este sábado que pedirá que se revise el caso del exguerrillero argentino Facundo Molares Schoenfel por “los tratos crueles y degradantes que recibió durante los conflictos políticos y sociales de 2019” y en la gestión de gobierno de Jeanine Áñez.
Molares, ex miembro de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), estuvo durante las protestas en Montero y fue detenido tras ser identificado mientras estaba en coma en el hospital Japonés. En su declaración ante la justicia admitió que estuvo en el enfrentamiento en el que murieron dos personas.
Las declaraciones de la autoridad ministerial se realizan poco antes de la llegada el lunes al país de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que arribará y que de inmediato firmará un compromiso con el Gobierno de Luis Arce para realizar una investigación, que durará seis meses, sobre los casos Senkata, Sacaba, Montero, y otros.
El 30 de octubre de 2019, Mario Salvatierra (55) y Marcelo Terrazas (41) perdieron la vida en Montero por impacto de bala. Fueron los dos primeros muertos fruto del bloqueo indefinido que habían empezado el 23 de octubre ciudadanos en contra del fraude en las elecciones del 20 de octubre de ese año.
Los investigadores revelaron que en el enfrentamiento en el que ambas personas perdieron la vida participó un miembro de las FARC de Colombia llamado Facundo Molares Schoenfeld, alias “Camilo”, de 44 años.
Este exguerrillero fue herido en Montero. Luego internado en la Clínica Foianini y trasladado un día después a la Clínica Japonesa. Pero no se conocía su identidad. La Policía, tras identificarlo, obtuvo conversaciones de su celular en las que supuestamente decía que había “cruzado” para ingresar a Bolivia para ayudar al gobierno de Evo Morales y que lo del Puente de la Amistad era un juego (allá hubo enfrentamientos).
Las autoridades que indagaron el caso tenían la hipótesis de que esta persona preparaba a ciudadanos bolivianos para los enfrentamientos. Precisamente, sobre “Camilo», Francisco Argüello (periodista colombiano que investigó a fondo a las FARC) dijo en febrero de 2017 que “lo que creen los organismos de seguridad es que ‘Camilo’ no es guerrero, el hombre del monte que empuña su fusil en combates, sino un ideólogo que conquista corazones de campesinos para involucrarlos a las FARC”.
“Camilo” y otros extranjeros, según las indagaciones, entrenaron a comunarios. Y la cantidad de bombas molotov y otros artefactos, más el robo de armamento policial incautado, formaba parte de todo esto. Una buena parte de este material fue decomisado en Yapacaní.
Por este mismo caso el 11 de agosto un juez ordenó la libertad de Deysi Choque, ahora diputada del MAS que, según las investigaciones policiales y de la Fiscalía, es señalada como la autora intelectual de la muerte de dos cívicos durante los enfrentamientos en Montero.
Pero, el Ministro Lima enfatizó que no se referirá a casos concretos en respeto a la independencia de la justicia, sin embargo señaló que se refiere al caso concreto de Molares por las evidencias de vulneración a los derechos humanos y ante la preocupación de parte del Gobierno argentino representada por su Canciller Felipe Solá.
“He leído la acusación de la Fiscalía de 43 páginas y le pido al Fiscal General que revise la acusación, no encuentro ni un solo elemento o prueba para acusar penalmente a este ciudadano”, anunció el Ministro Lima.
Ya a fines de septiembre la Cancillería de Argentina pidió al juzgado que lleva el caso del argentino Molares -vinculado con la violencia y muerte de dos personas en Montero en 2019- considerar la cesación de su detención preventiva por su delicado estado de salud y por no existir pruebas contundentes en su contra.
Al respecto, el titular de Justicia, señaló: “ninguna persona en Bolivia puede recibir ningún trato cruel, inhumano o degradante, la situación en la que estaba él, de retardación de justicia, de que nadie le diga por qué se lo está acusando”.
“Es un trabajo del Fiscal General, lo respeto, pero le pido revise esa acusación, esa acusación no representa ninguna prueba ni elemento, en mi criterio como abogado”, añadió la autoridad.
Lima remarcó que Molares sufrió tratos crueles y degradantes durante su detención, “tiene un fallo renal, tiene Covid-19, lamentablemente, y no teníamos ninguna condición en la Cárcel de Chonchocoro para atenderlo, se lo ha llevado al hospital, se lo ha enmanillado -como muchos bolivianos han sufrido- a la camilla, a la cama donde estaba, eso se entiende en derecho humanitario como un trato inhumano, degradante; entiendo que ya el Ministro de Gobierno ha tomado las medidas y se está dando un trato humano, un trato digno a esta persona en el hospital donde está en este momento”, aseguró.
Evo aboga por Molares
El pedido del ministro de Justicia al Fiscal General para que reconsidere el caso de Molares se da un día después del tuit de Evo Morales, quién escribió: «Nos sumamos al pedido que hacen las organizaciones de Derechos Humanos y políticas de Argentina para que, por razones humanitarias y ante la vida en serio peligro, repatrien al fotoperiodista argentino, Facundo Molares, preso político del gobierno de facto desde noviembre de 2019».
Nos sumamos al pedido que hacen las organizaciones de Derechos Humanos y políticas de Argentina para que, por razones humanitarias y ante la vida en serio peligro, repatrien al fotoperiodista argentino, Facundo Molares, preso político del gobierno de facto desde noviembre de 2019 pic.twitter.com/dQgydEyDrB— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 20, 2020