El Gobierno, tras la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de rechazar una acción de inconstitucionalidad contra los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, señaló que el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso “Golpe II” debe reanudarse en el transcurso de la próxima semana y debería emitirse una sentencia condenatoria.

La defensa de la exmandataria respondió que al Gobierno le importan muy poco las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán de no comentar los procesos que se libran en la justicia y denunció que manipuló la decisión del TCP en 24 horas.

García-Sayán observó “con preocupación” la existencia de tipos penales ambiguos: Sedición, terrorismo o incumplimiento de deberes. Destacó la recomendación que explica que garantizar la independencia del sistema de justicia incluye que las autoridades se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse.

El sábado, el ministro de Justicia, Iván Lima señaló en una declaración a EL DEBER Radio que no se encontrará en sus declaraciones un criterio sobre la culpabilidad o inocencia de la exmandataria, y que si dio la primicia de la decisión del TCP y anunció que el juicio debía reiniciarse fue solamente para dar a conocer el procedimiento que debe seguir.

El viceministro de Justicia, César Siles, señaló a los medios estatales que espera que en el transcurso de la próxima semana se reinicie el juicio.

El viceministro señaló que se debe llamar a una audiencia en las que ambas partes den sus alegatos finales, y que finalmente se emita sentencia. Cuando los periodistas le preguntaron si es que hay posibilidades de que la sentencia sea absolutoria, su respuesta fue contundente: “Entiendo que no, por las múltiples pruebas que se han presentado, por los procedimientos abreviados, pero fundamentalmente ha sido claro el pueblo boliviano al manifestar que hemos sufrido un golpe de Estado”.

El abogado de Jeanine Áñez, Alaín de Canedo, lamentó en primera instancia que el gobierno emita juicios de valor “condenando a la expresidenta, porque eso demuestra el grado de injerencia. Segundo, va en contra de una recomendación expresa de García-Sayán”, aseveró.

Complementó que como defensa, “denunciamos que con el veredicto del TCP se confirmó la injerencia que tiene el Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial”.

Primero, dijo que hay cientos de casos pendientes de decisión en el TCP, y esta instancia define este caso en tiempo récord, menos de 10 días hábiles y justo cuando las autoridades del Ejecutivo se encontraban en Sucre por la efeméride de Chuquisaca.

“Hay presión evidente. Pero donde se hizo más notorio fue en la declaración, justamente el 25 de mayo, del presidente del TCP, Paul Franco, que le dijo a los medios en una conferencia de prensa que admitió la acción de inconstitucionalidad. Horas después, reculó y dijo que aún estaba en análisis y al día siguiente anunció el rechazo. Además, con el ingrediente de que la noticia la da el Ministro de Justicia. Esta es la injerencia que observó el relator”, lamentó.

De Canedo aseguró que ya hay una condena lista, “pero definitivamente en base a una mentira, porque Jeanine Áñez asumió la presidencia transitoria que fue avalada por el propio MAS, que la aceptó como tal e incluso eligió presidencias de cámaras en la Asamblea”.