La «autoprórroga» de las altas autoridades judiciales a partir del 2 de enero de 2024 es inminente. Los intentos de asambleístas opositores y del ala ‘evista’ del Movimiento Al Socialismo (MAS) para evitar la prórroga del mandato de los magistrados del Órgano Judicial no progresaron.
Esta situación no se encontraba prevista en la Constitución Política del Estado que fija el mandato por seis años y concluía a fines de este año.Sin embargo, tras una disposición del Tribunal Constitucional, permanecerán en sus cargos hasta que nuevas autoridades sean elegidas tras un proceso y elecciones.
El martes 12 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) desató una ola de críticas con la emisión de la Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 49/2023 que determinó la extensión del mandato de sus magistrados y los del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y de los miembros del Consejo de la Magistratura hasta que se elijan a los reemplazantes.
Como rechazo a esta medida, opositores y ‘evistas’ el 18 de diciembre, el Senado aprobó un proyecto de ley que anulaba la decisión del TCP y otra norma suspendiendo los plazos procesales.
Fueron enviadas a la Cámara de Diputados, pero su tratamiento se trabó en la Comisión de Constitución, presidida por el ‘arcista’ Juan José Jaurégui.
«No ameritó que tengamos que abrir un tratamiento en su estación en detalle», argumentó Jaurégui.A su vez, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, apuntó a un «pacto» entre el gobierno y «los secuaces» que tiene en el TCP y en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).Por otro lado, el diputado del MAS, Renán Cabezas, señaló que se trataba de una «dictadura judicial».
Posteriormente, el jueves 21 de diciembre, la Asamblea Legislativa, en una accidentada sesión, determinó dejar sin efecto el receso parlamentario de fin de año para seguir trabajando en proyectos de ley pendientes, como el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 y la ley anti prórroga.
Sin embargo, el sábado 23 de diciembre, el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, determinó, a través de un comunicado, el inicio del receso, anulando los intentos de revertir la prórroga.
De esa forma, los recursos para evitar la prórroga se agotaron, debido a que hay una determinación constitucional que avala que los magistrados sigan en sus cargos de manera indefinida, hasta que el poder legislativo logre que se lleve adelante un proceso electoral, fecha que, hasta ahora, es un misterio. Posición del presidente del TSJ
Por su parte, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, informó que este viernes pondrá a disposición y consideración de sala plena la presidencia de ese tribunal.
Anticipó que cumplirá la “prórroga” de mandato de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional.
“Desde mi criterio voy a poner a disposición la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó Torres en conferencia de prensa en la ciudad de Sucre.
El magistrado asumió la Presidencia del tribunal hace dos años. “No hemos tenido tropiezos, siempre hemos tenido apoyo de sala plena”.
La prórroga de los magistrados del Órgano Judicial ha generado una gran polémica en Bolivia. Los opositores y algunos sectores del MAS consideran que se trata de una maniobra para perpetuar en el poder a las autoridades judiciales que son afines al gobierno.
La decisión del Tribunal Constitucional ha sido criticada por su falta de transparencia y por el hecho de que no se ha dado a conocer un plan claro para organizar las elecciones judiciales.
Es probable que la prórroga de los magistrados genere una mayor politización del sistema judicial boliviano.
La falta de una renovación de las autoridades judiciales podría dificultar la independencia del Poder Judicial y aumentar el riesgo de corrupción.