El Gobierno de Luis Arce está decidido a retomar el control del Estado sobre el Chapare, la inestable región controlada por los productores de hoja de coca

El asedio de una multitud de campesinos a los cuarteles militares de la provincia cocalera del Chapare y la toma de rehenes ha intensificado el conflicto civil que sufre Bolivia con la disputa entre el exmandatario Evo Morales y el actual presidente, Luis Arce,

como telón de fondo. Ese territorio, considerado desde los años noventa como zona roja por la presencia de miles de hectáreas de cultivos de coca y laboratorios de producción de cocaína, también ha sido desde entonces un foco de profunda confrontación política. Fue escenario de enfrentamientos constantes con los campesinos durante la guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos y luego en la cuna de la revolución que dirigió uno de sus hijos, Morales, de 2006 a 2019. Pese a ello, lo que ocurre desde el viernes 1 de noviembre resulta extraordinario.

Arce está decidido a retomar el control de la zona, donde la presencia del Estado nunca fue plena y se perdió por completo hace 20 días. Entonces comenzaron los bloqueos de caminos contra el Gobierno por 17 demandas, entre ellas la habilitación de la candidatura de Morales a las elecciones de 2025 y el archivo de las causas judiciales en su contra. Los cortes de carreteras paralizaron el comercio de medio país y provocaron que la mayoría de la población se enfureciera contra el exmandatario y los cocaleros, al punto de exigir su detención y la intervención de los militares.

Ante la enorme inestabilidad de la situación, los policías y funcionarios públicos abandonaron el Chapare, donde pasó a dirigir la vida pública y privada la poderosa Coordinadora de las Federaciones de Productores de Coca. En el edificio central de la organización, situado en la pequeña ciudad de Lauca Eñe, se encontraban el sábado su líder, el propio Morales, y un grupo de políticos de su partido en huelga de hambre exigiendo que Arce, su antiguo aliado, negocie y atienda sus demandas.

Aun en su tiempo en el poder, el exgobernante nunca dejó de ser el líder de las federaciones de cocaleros que, según se ha denunciado muchas veces, controlan por completo a los chapareños y expulsaron a las bases antinarcóticos de la estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA).