Los sectores sociales afines al expresidente Evo Morales anunciaron este lunes un bloqueo nacional de carreteras indefinido a partir de las 00:00 horas de este miércoles, en rechazo a la prórroga de los magistrados y consejeros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura (CM), a quienes dan un plazo de 24 horas para presentar su renuncia.

El Pacto de Unidad del bloque ‘evista’ exige la aprobación de una ley corta para convocar a elecciones judiciales. Además, demandan que se inicie un proceso legal contra los exmagistrados y exconsejeros, a quienes acusan de ‘usurpación de funciones’.

«Convocar a todas las organizaciones sociales y todas la sociedad civil a sumarse al bloqueo nacional indefinido de caminos a partir de las cero horas del miércoles, 17 de enero de 2024, exigiendo que de forma inmediata se promulgue la ley corta de convocatoria a elecciones judiciales y el retiro inmediato de las y los exmagistrados inconstitucionalmente prorrogados, debiendo entenderse que el Pacto de Unidad ha venido exigiendo desde agosto de 2023 el respeto a la Constitución Política del Estado y la convocatoria a elecciones judiciales que no fueron atendidas ni respetadas por el gobierno de turno», dijo uno de los dirigentes de los sectores sociales.

De igual manera, exigen al presidente Luis Arce Catacora atienda de forma inmediata las demandas y pliegos petitorios presentados por el Pacto de Unidad ‘evista’ desde septiembre de 2023.Tras un cuarto intermedio durante el fin de semana, este lunes se retomaron las protestas en la ciudad de Sucre en contra de la prórroga de los magistrados; sin embargo, la situación se tornó tensa cuando la Policía empezó a cercar las instituciones. Producto de estos enfrentamientos dos personas resultaron heridas.

Los sectores sociales ‘evistas’ han rechazado la prórroga de los magistrados y consejeros, argumentando que es inconstitucional. Afirman que la Constitución establece que los magistrados y consejeros deben ser electos por el voto popular, y que la prórroga fue un acto de «usurpación de funciones» por parte del gobierno de Luis Arce.

El gobierno de Arce ha defendido la prórroga, argumentando que fue necesaria para garantizar la estabilidad del sistema judicial. Sin embargo, la decisión ha generado un gran rechazo en la población, que ha salido a las calles a protestar en demanda de elecciones judiciales.

El anuncio del bloqueo indefinido ha generado preocupación en el gobierno y en la población. El bloqueo podría provocar desabastecimiento de productos y servicios en todo el país.