Son 2,7 millones de bolivianos que la Subgobernación de Bermejo pagó por tres drones, los cuales formaron parte de un ítem del proyecto “Ciudad Segura Bermejo”. Cada equipo costó 922.350 bolivianos, según consta documentos oficiales del proceso de contratación. Durante la ejecución fue sometido a tres modificaciones de contratos.
Este proyecto, ahora, es motivo de denuncias penales por parte del legislativo departamental y petición de informes de la Contraloría General del Estado (CGE), instituciones que pusieron sus ojos en esta iniciativa por el caso de la niña Carla M., a quien la mataron luego de secuestrarla en esa ciudad fronteriza. Y es que este proyecto de seguridad ciudadana nunca entró en funcionamiento, pese a que se tenían todos los equipos prometidos, cámaras de seguridad, drones y botones de pánico.
El proyecto
La adjudicación pasó por manos de Ramiro Gutiérrez Aguilar, que se desempeñaba como Ejecutivo Seccional de Bermejo cuando se firmó el contrato, el 14 de enero del 2015. Antes, esta persona era secretario general de Never Vega, autoridad que recibió el proyecto de manera definitiva el año 2016. Sin embargo, quedaba una deuda hacia la asociación empresarial, monto que se saldó en diciembre del 2017.
Sin competidores de por medio se adjudicó el proyecto en la primera licitación, lanzada el 14 de noviembre del 2014, a la Asociación Accidental Radiotel (10%)-Omegatec (90%). El monto total ascendió a los 20,8 millones de bolivianos por cuatro ítems.
El proyecto implicaba, según el desglose en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes): 30 botones de pánico por un precio de 820.950 bolivianos, tres drones por 2.767.050; 300 cámaras de vigilancia por un monto de 13.995.000 bolivianos y sistema de radios de comunicación por 3.297.000 bolivianos.
En cuanto a los drones, son de la marca Xtreme modelo H6C-SP MIL-001, con una autonomía de vuelo de 40 minutos como mínimo, con distancia de control de cinco kilómetros desde la estación, cámara Full HD 1920 x 1080 pixeles, entre otras características. Según consta en el acta de recepción definitiva.
Modificaciones
El proyecto pasó por tres modificaciones de contrato, lo que tenía que ejecutarse en 100 días se terminó en 351 días. La primera modificación de contrato se dio tres meses después de haberse rubricado el documento inicial, se amplió el plazo por 70 días más, luego se volvió alargar la ejecución por 233 días y, finalmente, por 48 días más.
La primera ampliación fue firmada por Gutiérrez, las otras restantes estuvo a cargo de Never Vega, actual autoridad de la Subgobernación.
La situación es que ese proyecto no cumplió su objetivo, la Policía Boliviana no recibió el proyecto y por lo tanto no operó con esos equipos instalados. Justificativos del por qué ese proyecto no funciona, sobran, por parte de la institución verde olivo y la Subgobernación.
Uno de los argumentos fue emitido por el director de Seguridad Ciudad de la Subgobernación de Bermejo, David Cornejo, quien reconoció que de las 300 cámaras de video vigilancia solo 194 están en operación. Sostuvo que los cortes de energía eléctrica provocan daños a los equipos o los sacan del sistema.
Por otro lado, el funcionario manifestó que necesitan entre 200 mil y 300 mil bolivianos para poner en marcha ese proyecto, el cual fue entregado por parte de la empresa el 10 de abril del año 2016.