Capturaron al empresario acusado de estafa en Cochabamba; vinculan a Reyes Villa de frenar trámites a cambio de dinero
El empresario constructor Pablo Soto Quiroga, de 75 años, fue aprehendido en las últimas horas en la localidad de Padcaya, en el departamento de Tarija, tras permanecer prófugo desde noviembre de 2024. Está acusado por los presuntos delitos de estafa múltiple y estelionato, con denuncias presentadas en su contra en Cochabamba y Santa Cruz. Fuentes cercanas, sin embargo, señalan que el empresario fue víctima de extorsión, lo que impidió entregar las obras.
Soto Quiroga, propietario de las constructoras Ubuntu SRL y Kaskaykuy SRL, fue trasladado a Cochabamba para enfrentar los procesos judiciales correspondientes. Se lo acusa de haber vendido departamentos, parqueos y bauleras en al menos tres proyectos inmobiliarios: Ubuntu, Villa Fraterna y Solaris, dejando deudas millonarias en entidades financieras por préstamos no cancelados.
Según las denuncias, pese a las ventas, las propiedades quedaron con gravámenes, afectando a decenas de compradores e inversionistas que confiaron en sus proyectos. Las víctimas incluyen familias de Cochabamba y Santa Cruz, muchas de las cuales habían invertido sus ahorros para adquirir una vivienda.
La situación se agravó cuando, el 13 de noviembre de 2024, su familia denunció su desaparición. Sin embargo, días después se conoció que Soto Quiroga había salido del país y se encontraba en Argentina, por lo que se descartó un posible secuestro. Desde entonces, su paradero era desconocido hasta su captura en las últimas horas en Tarija.
Por otro lado, una fuente cercana al entorno del empresario en Cochabamba —que pidió mantener el anonimato por temor a represalias— aseguró que la venta de inmuebles se vio obstaculizada por la falta de emisión de certificados catastrales por parte del Gobierno Municipal de Cochabamba, liderado por Manfred Reyes Villa, actual precandidato presidencial para las elecciones previstas en agosto próximo.
La misma fuente indicó que Reyes Villa habría exigido una elevada suma de dinero a cambio de destrabar los trámites municipales, supuestamente para financiar su campaña electoral, lo que paralizó la regularización de los inmuebles vendidos y agudizó los conflictos con los compradores.