Las restricciones propuestas son las siguientes:

• No podrá acceder a un cargo público ya sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación.

• El sueldo del deudor será retenido en caso de verificar que el servidor o servidora pública es un deudor registrado por segunda vez.
• Si el deudor o deudora tiene algún proceso judicial por cobro de deudas, el juez priorizará el pago de la asistencia.
• Se hará la retención de pagos en el Sistema Integral de Pensiones y el Sistema de Reparto.
• El juez ordenará medidas cautelares, patrimoniales o personales luego de aprobar la liquidación de asistencia familiar de oficio.
• Se hará la “suspensión de los trámites” a obligaciones registrables y notariales sobre compra y venta de bienes inmuebles o bienes muebles registrables y no registrables.
• No podrán acceder a planes, programas o proyectos sociales financiados por el Estado.
• Las entidades bancarias incorporarán entre su evaluación crediticia la información en el RENAF para otorgar créditos.
• Tendrán prohibido la emisión de pasaporte y salida del territorio nacional.

El anteproyecto también propone la creación del Registro Nacional de Asistencia Familiar (RENAF), que centralizará la información sobre deudores y acreedores.

Estas restricciones buscan garantizar el cumplimiento de la obligación de asistencia familiar, que es un derecho de los hijos e hijas. El incumplimiento de esta obligación puede tener consecuencias negativas para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.

La propuesta aún está en debate en el Legislativo y es probable que se produzcan cambios antes de su aprobación final.