El asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Hugo Valverde, descartó este martes proteger a funcionarios públicos implicados en la supuesta venta de lotes en un área de influencia de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá – Urubó, en el municipio de Porongo, en Santa Cruz.
“No se va a proteger a nadie”, remarcó Valverde al referirse a la denuncia de que se estaría ofertando más de 17.500 lotes en la zona en donde se ha diseñado el tramo II del proyecto carretero en conflicto.
Valverde considera que debe haber una denuncia formal en la Fiscalía para que se investigue el hecho y que no basta con que políticos o autoridades cruceñas “canten” denuncias en los medios de comunicación, sino que se debe sustentar y documentar cualquier acusación.
“Esta asamblea departamental o esta bancada no va a tapar a nadie, pero también demostrar en los hechos y en el lugar por donde pasa la carretera el trazo que está diseñado para demostrar quiénes y cuántos serían los responsables o las irregularidades que hubiese”, dijo el asambleísta.
Remarcó además que en caso de que haya algún funcionario del Ministerio de Obras Públicas, de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) “o quien sea, no se va a proteger ni se va a defender a nadie”.
Zvonko exige investigación de oficio
Por su parte, el presidente de la Asamblea Departamental, Zvonko Matkovic, exigió a la Fiscalía que inicie una investigación de oficio ante esta denuncia pues se habría descubierto un “gigantesco negocio de casi 40 millones de dólares que pretendía poner en riesgo el agua de todos los cruceños”.
Con esto, Matkovic planteó sus dudas sobre los verdaderos motivos que movilizaron a diferentes sectores y a autoridades a manifestarse en favor de la construcción del tramo II de la carretera en conflicto, pasando por alto un daño al medio ambiente pues se afectaría los acuíferos.
“Movilizar ministros, diputados, asambleístas, alcaldes, concejales, organizaciones sociales, dirigentes, ¿Para qué? Para bloquear, perjudicar al sector productivo de este departamento y a la economía nacional. Exigimos al presidente (Luis Arce) que tome cartas en este asunto. Gente de su partido y su gobierno está aparentemente metida en este negocio”, dijo Matkovic.
Acotó su pedido a la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina -entidad internacional financiadora de la carretera- que se los reciba “para explicar el trabajo de fiscalización que hemos hecho desde esta ALD en defensa de los acuíferos de todos los cruceños”.
“Exigimos al Ministerio Público que de oficio investigue esta denuncia”, señaló Matkovic.
La denuncia de la supuesta venta de lotes en el área de influencia de la UCPN Güendá – Urubó fue realizada por el activista ambiental Juan Carlos Lara, quien aseguró que los lotes se estarían ofreciendo a funcionarios públicos, políticos y empresarios.
Lara presentó ante la Fiscalía una denuncia penal contra los responsables de la venta de los lotes, a quienes acusó de los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y usurpación de bienes.
La denuncia de Lara generó una fuerte reacción de sectores opositores al Gobierno, quienes acusaron al oficialismo de estar detrás de este negocio.